VERGÜENZA O ASCO?

Vergüenza al ver q quienes se cagaron una vez en los jubilados, una y mil veces en realidad, al privatizar los fondos de jubilaciones y pensiones , el recortar un 13% las jubilaciones y demás, ahora quieran aparecer como los protectores de los humildes.
Y asco, por que hacen esta maniobra vil, para hacer "pagar" a la presidenta, (que tuvo el coraje de recuperar los fondos de los trabajadores de las manos de las AFJP, que fue quien impulso la ley de movilidad jubilatoria, que continuo este modelo que lleva incluidos 2 millones y medio de nuevos jubilados) a está presidenta le quieren hacer pagar el costo político de vetar la ley del 82% móvil.
Capas q siento las dos cosas

ENTREVISTA A Demián Panigo EN MIRADAS AL SUR

–¿Qué análisis hace del proyecto de ley que aumenta al 82 por ciento móvil la jubilación mínima?
–Primero hay que decir que ese aumento de las jubilaciones mínimas, que es el artículo uno de la ley, está utilizado como el mascarón de proa sobre el cual todo el mundo habla. Es, sin embargo, la parte menos importante en términos del total de erogaciones que involucra el proyecto. Según el cálculo que se haga, involucra entre 20 y 23 mil millones de pesos que van a estar distribuidos precisamente entre las personas que tienen menores ingresos y que a priori daría como resultado una mejor distribución y un paso adelante hacia la justicia social. El problema con este artículo es la sustentabilidad del mismo. De cualquier manera en el Conicet no estamos estrictamente preocupados por este problema particular, sino por el dato de que este artículo uno (que podría contar con bastante consenso) en verdad es acompañado en particular por los artículos 5, 6, 7 y 12 que hacen todo lo contrario: incrementan las jubilaciones máximas, las jubilaciones de los sectores con mayores ingresos y terminan sobrecompensando el efecto inicial a tal punto que la desigualdad, en vez de bajar, aumenta. Eso lo vemos con pavor.

El 5, 6, 7. En la jerga previsional, el artículo 5 se conoce como “ajuste Elif,” el 6 como “ajuste Sánchez” y el 7 como “ajuste Badaro”. Los nombres corresponden a los distintos fallos de la Corte Suprema en la materia. “Elif” supone un recómputo de todos los haberes iniciales con un fuerte aumento en particular para quienes se hayan jubilado antes de 2001/2002 y que contaban con altos salarios al momento de jubilarse. “Sánchez” significa un recálculo del ajuste por inflación para sostener el poder adquisitivo por el período de la convertibilidad. “Badaro”, finalmente, también implica un nuevo ajuste para reconstituir el poder adquisitivo por inflación en la post convertibilidad.
Los tres artículos sumados involucran un fuerte aumento de las jubilaciones más elevadas, que en algunos casos tendrían aumentos hasta del 1.000 por ciento.
En algunos fallos de la Corte Suprema ya hay casos que dan cuenta de este efecto. Hay personas (sus nombres no se pueden decir por el derecho de protección de datos) que ganando cuatro mil pesos pidieron estos ajustes Elif, Sánchez y Badaro y terminaron cobrando una jubilación de 33.000, más un retroactivo de más de dos millones de pesos. Desde una mirada pública parece contradictorio que el sistema de reparto solidario, por la circunstancia de los fallos de la Corte, le pague a una persona 1.040 pesos y a otra 33.000.
Al respecto Panigo dice: “Esta ley generaliza estos casos haciendo que un montón de personas de altos ingresos que cobraban entre 3 y 4 mil pesos de jubilación pasen a cobrar 10, 15 o 20 mil pesos, reproduciendo entre los pasivos la misma desigualdad que entre los activos”. Y agrega: “Desde el Conicet llamamos a los senadores a reflexionar, a confrontar científicamente y seriamente este proyecto que pareciera estar hecho entre gallos y medianoche con poca discusión y reflexión en los ambientes apropiados”.
–¿Qué efectos produciría esta medida?
–Cuando hacemos los números de los impactos agregados de todos estos efectos en conjunto, vemos que de aplicarse la norma, la desigualdad entre los jubilados aumentaría un 15 por ciento, haciéndonos perder todo lo que hemos ganado en materia de justicia social en este segmento en los últimos cuatro o cinco años. La verdad es que es un costo demasiado elevado para pagar en conjunto con el desfalco casi generalizado del sector público porque mientras el artículo 1º le va a costar al Estado entre 20 y 23.000 millones de pesos por año, los artículos 5, 6, y 7 pueden costarle entre 20 y 40 mil millones de pesos más. Es realmente una cifra exorbitante, sobre todo sabiendo que no va a ir para los sectores populares sino para los sectores de mayores ingresos.